domingo, 10 de septiembre de 2017

El problema catalán: del "España nos roba" al "nos roban todos ".


El llamado "problema catalán" que ha transitado de la arena política, pasando por la judicial hasta llegar al esperpento, es el resultado de un conjunto de incompetencias políticas múltiples y deseos frustrados.  Para colmo, este contencioso ha llegado a su climax en el momento en el que el peor periodismo que jamás haya existido campa a sus anchas, sin ética, ni rigor ni pudor. Según lo que ordene quien paga para que las imprentas se pongan en marcha, la realidad que nos presentan los periódicos va de lo vomitivo a lo ridículo. La televisión está aún peor, más manipulada y más nauseabunda, con el agravante de que no hay ninguna diferente entre televisión que pagamos todos y la que pagan algunos empresarios de su bolsillo: en ambas la verdad  y la decencia brillan por su ausencia. El resultado es la confusión más absoluta sobre qué está pasando en Cataluña y qué le pasa al gobierno de España.

Lo que hay detrás de la huída hacia adelante de los políticos independentistas catalanes y de la furibunda reacción del gobierno del PP, que no nos ha defendido de la corrupción, ni de los recortes, ni del desfalco que su propio partido nos ha ocasionado, pero que ha salido a defendernos de las urnas y las papeletas del referéndum en Cataluña como si de un ataque marciano se tratase, es una realidad que nadie parece reconocer: hoy en día no está considerado bajo ninguna forma ni fórmula el derecho de autodeterminación de ningún pueblo en los estados democráticos, de modo que lo de referéndum legal o ilegal, por la vía del diálogo o a través de la violencia es un sinsentido y una pérdida de tiempo. También es un engaño no revelar a  la ciudadanía esta verdad política del siglo XXI.

Los llamados "padres de la Constitución española" se encargaron de dejarlo todo muy bien atado para que utilizando las vías legales España se mantuviera como Franco la quería pero sin levantar sospecha. De modo que todo lo que hagan los catalanes encaminados a tener el ansiado "derecho a decidir" es y será ilegal, según la legalidad vigente, y todos los medios que utilice el gobierno para frenar este desafío político, ante el cual reacciona de la peor de las maneras, será legal. El PP, una organización política financiada ilegalmente, corrupta hasta los tuétanos, con decenas de imputados, condenados e investigados por atracar descaradamente a las arcas públicas, cuyos casos de corrupción tienen nombres con casi todos las letras del alfabeto, anuncia de forma estridente que no permitirá que se viole el orden constitucional. Un partido que no pasaría ninguna auditoría de calidad democrática ni de decencia política será el encargado de hacer cumplir la ley.

Dice la vicepresidenta del gobierno que ha sentido "vergüenza democrática" al ver cómo los políticos catalanes desafiaban la legalidad vigente. ¿La sintió cuando el tesorero de su partido, ese hombre cuyo nombre tienen prohibido pronunciar, entregaba a los altos cargos del PP sobres con el dinero que nos había robado a los ciudadanos vía comisiones ilegales sobre obra pública? ¿Acaso se le cayó la cara de vergüenza (democrática o dictatorial) cuando vio a su presidente sentando declarando como testigo por la financiación ilegal de su partido? ¿Ha sentido vergüenza cuando ha visto a sus compatriotas peleándose por los restos de los cubos de basura de los supermercados mientras aprobaban recortes que dejaban a miles de familias en la indigencia?

Así las cosas, sólo nos quedará ver desfilar por las calles de Cataluña a los agentes que, cumpliendo órdenes y porque también tienen familias e hipoteca, ejercerán la violencia legítima arremetiendo contra cualquier forma de urnas o papeletas que encuentren a su paso o en los registros legalmente autorizados y llevando ante la justicia a los políticos elegidos en las urnas por los ciudadanos.

Lo peor es que mientras todo esto ocurre nos siguen robando, porque para atracarnos sí vale la legalidad vigente.



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